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Consejo Federal de Medio Ambiente
Resolución Nro: 344 /2017
Relativo al Nuevo Pacto Federal Minero
Sancionada el 18/04/2017

Resolución 344/2017 (archivo PDF)

VISTO:
El documento denominado “Nuevo Pacto Federal Minero” suscripto por las autoridades mineras de las jurisdicciones Provinciales y el Estado Nacional.

CONSIDERANDO:
Que se considera oportuna la invitación realizada por COFEMIN al COFEMA para realizar acciones conjuntas en pos del desarrollo de una minería ambientalmente responsable en nuestro país;
Que es destacable la incorporación de los principios constitucionales respecto al derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras;
Que la Reunión Conjunta de las Comisiones de Asuntos Legislativos y de Minería del COFEMA ha realizado un Dictamen cuyo texto fue aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Minería de este Consejo Federal de Medio Ambiente;

Por ello
El CONSEJO FEDERAL de MEDIO AMBIENTE
RESUELVE:

Artículo 1º: DECLARAR el beneplácito por la incorporación de los principios del Art. 41 de la Constitución Nacional, respecto al derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, al Acuerdo Federal Minero impulsado por el Consejo Federal de Minería (COFEMIN).

Artículo 2º: ACEPTAR la invitación del COFEMIN para realizar acciones conjuntas en lo referido a materia ambiental minera, teniendo en cuenta los aportes de COFEMA (ANEXO I) a los fines de su consideración futura a través de la comisiones creadas a tal efecto. 

Artículo 3º: DESIGNAR como representantes ante la comisión conjunta de seguimiento para la implementación de instrumentos de política y gestión ambiental entre COFEMIN y COFEMA, a los titulares de la Comisión Permanente de Asuntos Legislativos y Comisión de Minería o sus alternos respectivos. 

ANEXO  I

Dictamen Conjunto de la Comisión de Asuntos Legislativos y Comisión de Minería sobre el “Nuevo Acuerdo Federal Minero”
A partir de la reunión de la Asamblea Nº 83 de COFEMA, celebrada en la ciudad de Buenos Aires el día 23 de Febrero de 2017, se encomienda a la Comisión de Asuntos Legislativos y Comisión de Minería, la realización de un dictamen conjunto sobre el documento del “Acuerdo Federal Minero”.
En primer lugar, se considera oportuno que COFEMA acepte la invitación realizada por COFEMIN para realizar acciones conjuntas en pos del desarrollo de una minería ambientalmente responsable en nuestro país.
En ese marco, se desprenden las siguientes consideraciones para ser elevadas a las autoridades del Consejo Federal de Medio Ambiente.
Es destacable la incorporación de los principios constitucionales respecto al derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
El acuerdo promueve regulaciones, la creación de organismos y coordinación de competencias ambientales; al respecto el procedimiento para ello está enmarcado en los artículos 124 y 125 CN, acorde a los cuales las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal, pudiendo -en concordancia con el art. 122- crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines.
La Corte Suprema de la Nación Argentina ha observado esta manifestación del Derecho al entender que: “El Pacto Federal, como las demás creaciones legales del Federalismo de concertación, configura el Derecho intrafederal y se incorpora, una vez ratificado por la legislatura, al Derecho público interno de cada Estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional: Nación y provincias”.
Entendemos que el alcance está dado por el artículo 124 de la CN de acuerdo al cual corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio; por la Sección Segunda del Título XIII del Código de Minería de la Nación y Normativas de Procedimiento específico con las que cada Provincia cuente y cuyo desarrollo les compete. Asimismo  y de acuerdo a las leyes vigentes, aquellos instrumentos no serán vinculantes en tanto las Provincias no ratifiquen los acuerdos a través de leyes o decretos específicos. Ello considerando además que se estarían debatiendo temas de naturaleza intrínsecamente provincial, como es el ordenamiento territorial, líneas de base ambientales, monitoreos de agua, entre otros.
En materia ambiental, la institucionalización del federalismo de concertación se encuentra configurada en la Ley de política ambiental N° 25.675, que puede definirse como una ley estructurante del sistema jurídico ambiental argentino.
En efecto, luego de un extenso proceso concertador, la Ley 25.675, estableció el Sistema Federal Ambiental en estos términos: Art. 23. — Se establece el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo será instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).  A tal efecto, ratifica los acuerdos ambientales que lo conforman: Art. 25. — Se ratifican los siguientes acuerdos federales: 1. Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), suscrita el 31 de agosto de 1990, en la ciudad de La Rioja, cuyo texto integra la presente ley como anexo I. 2. Pacto Federal Ambiental, suscrito el 5 de junio de 1993, en la ciudad de Buenos Aires, cuyo texto integra la presente ley como anexo II.
En consecuencia, la LGA establece un único ámbito de coordinación para los instrumentos de política y gestión ambiental, incluso en materia minera.
Por último, se destaca lo establecido por la Ley 24.585, e incorporado al art. 233 del Código de Minería: “La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural en el ámbito de la actividad minera quedarán sujetas a las disposiciones de la Sección Segunda de este Título (XIII) y a las que oportunamente se establezcan en virtud del Artículo 41 de la Constitución Nacional”. Sobre los antecedentes de la incorporación de la Ley 24.585 al Código de Minería de la Nación, y que sirven para mejorar la interpretación de la normativa ambiental en relación a la materia minera, esta Comisión queda a disposición para brindarlos en cuanto sean requeridos.
El ámbito de trabajo conjunto que se propone entre COFEMA y COFEMIN para el aspecto ambiental de la gestión minera deberá generar un espacio de articulación que permita robustecer el rol de las autoridades ambientales locales y el efectivo cumplimiento del régimen jurídico ambiental, a fin de generar un proceso de construcción conjunta sobre los conceptos jurídico ambientales en materia minera.
En tal sentido se destacan a continuación aspectos que deberán tenerse presente:
Aspectos comunitarios y sociales, educativos y formativos: se considera absolutamente prioritario introducir conceptos sobre los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, que se presentan a partir del desarrollo de la actividad.
De esta manera, se pretende abordar a la minería desde un enfoque integral, que abarque todos aquellos valores sociales, culturales, económicos y ambientales que forman parte del concepto del Desarrollo Sustentable.
Participación ciudadana: incorporar a los mecanismos de participación ciudadana, en un todo acuerdo con la legislación de protección ambiental vigente, considerando además la participación de las comunidades originarias teniendo en cuenta la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
Desarrollo Productivo, agroindustria y minería: se destaca la necesidad de incorporar la política de vinculación con el sector agroindustrial, el relacionamiento y apoyo a superficiarios vecinos a proyectos que sufran los impactos indirectos de la operación, haciendo hincapié en la reconversión productiva, diversificación, compensaciones ambientales y prevención de impactos negativos.
Régimen de cierre y actividades mineras: consideramos de superior orden público ambiental regular en detalle y con arreglo a los mejores estándares aplicables el régimen de cierre de actividades mineras; tal como se prevé en la parte pertinente del Acuerdo, siendo hasta la actualidad una materia pendiente de interpretación en nuestro ordenamiento jurídico.
Energías Renovables y Eficiencia Energética: tender al establecimiento de un compromiso cuantificado de reconversión a energías limpias, cuyo desarrollo sea de carácter incremental a lo largo de los años de exploración y explotación. De igual modo y con objeto de ampliar la iniciativa a los distintos sectores de la industria, será fundamental la incorporación de los proveedores mineros a los compromisos antes mencionados.
Conservación del ambiente: En orden a los nuevos preceptos que rigen la materia ambiental y en particular a las industrias del tipo extractivo, cabe la necesidad de incorporar el concepto de “Compensaciones Ambientales” dentro de los alcances del Pacto Federal Minero, constitución de fondos específicos o garantías destinados a la conservación y recomposición del ambiente. Se destaca lo establecido en el art. 124 CN y asimismo entendemos que la creación de estos fondos o garantías no obstan al requerimiento legal del seguro ambiental.
Información y transparencia: Entendiendo que la transparencia en la información es necesaria para generar confianza, fundamental para promover inversiones, y que dicha confianza se debe dar en un ambiente de reciprocidad. Considerando también que las mejores prácticas de transparencia se enmarcan en las normas de Gobierno Corporativo, receptadas a nivel internacional (CFI, OCDE, CAF y ONU) así como nacional (BCRA, CNV y legislación específica), comprensivas de normativas anticorrupción (ONU, OCDE, OEA, FCPA y normativa específica nacional) que las empresas conocen y cumplen con el fin, entre otros, de mantener su competitividad en el mercado, siendo parte de la normativa normal del área de cumplimiento regulatorio en empresas cuyo mercado trasciende las fronteras de sus propios ordenamientos jurídicos. Es por ello que consideramos esencial que se comparta información relativa a las Provincias así como también requerir marcos de transparencia normativos a las empresas a las cuales se les haya otorgado permiso de exploración, para lo cual las empresas deberán proveer dicha información y las Provincias prestar la necesaria colaboración para que ello ocurra.
Por último, se destaca la necesidad de establecer una agenda conjunta de trabajo que permita el monitoreo y revisión periódica del cumplimiento de los objetivos ambientales del Acuerdo en el marco de competencias de COFEMA.