cofema
Consejo Federal de Medio Ambiente
Resoluciůn Nro: 346 /2017
Manifestar rechazo al fallo respecto de la audiencia pķblica en la provincia de Santa Cruz, en relaciůn a la obra de aprovechamientos hidroelťctricos sobre el rŪo Santa Cruz
Sancionada el 14/06/2017

Resolución Nº 346/2017 (PDF)

VISTO:

Los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente N° 25.675, la Resolución de COFEMA 297/14; la Ley Nº 25. 831 de libre acceso a la Información Pública Ambiental; la Ley Provincial  de Santa Cruz N° 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental y el fallo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo, 84273/2016 respecto de la suspensión de la Audiencia Pública a realizarse en la Provincia de Santa Cruz en relación a la obra de aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz, y

CONSIDERANDO:

Que el Pacto Federal Ambiental del año 1993 constituyó un hito en la construcción de una política ambiental coordinada y consensuada en el territorio nacional;
Que el mismo fue precedido por el Acuerdo de Reafirmación Federal suscripto en la ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires, el 24 de Mayo de 1990, el cual entre otros aspectos, consideró que “reafirmar el Federalismo, no supone sólo redistribuir nuevamente algunas competencias o reasignar responsabilidades funcionales, si no reasumir el compromiso de asentar la convivencia futura sobre la base del respeto, la tolerancia y la garantía de igualdad, oportunidad de todas las partes que componen el Estado Nacional, cualquiera sea su enclave territorial su densidad poblacional, su potencialidad económica o su grado de desarrollo”;
Que la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 consagró el derecho a un ambiente sano y equilibrado como una responsabilidad de todos los miembros de la comunidad y del Estado;
Que la misma estableció un sistema normativo en el cual la Nación establece los presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias las normas complementarias, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales,
Que este sistema se funda en el federalismo de concertación que dio lugar a la constitución del Consejo Federal del Medio Ambiente en el año 1990,  que años más tarde, en el año 2002 con la sanción del presupuesto mínimo Ley Nº 25.675, Ley General del Ambiente, institucionalizó al COFEMA como órgano de coordinación ambiental.
Que asimismo, dicha Ley Nº 25.675, creó el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires.
Que en todas las jurisdicciones se llevan adelante políticas, planes y programas ambientales, generales o sectoriales, que requieren ser identificados y reconocidos, como modelo o para su fortalecimiento.
Que el COFEMA, conforme a su Acta Constitutiva, tiene como objetivos: “Formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base a los diagnósticos correspondientes, teniendo en consideración las escales locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales”; así como “Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestión ambiental en la Nación, provincias y municipios” (art. 2 inciso 1 y 6).
Que resulta oportuno, ante los desafíos ambientales globales, regionales y locales, adoptar un renovado compromiso con las futuras generaciones.
Que el Gobierno Provincial de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente, convocó el miércoles 10 de mayo a una nueva Audiencia Pública sobre los Aprovechamientos Hidroeléctricos en el río Santa Cruz: Represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, en la ciudad de Puerto Santa Cruz.
Que la misma, estuvo encabezada por el responsable del área de Ambiente, Mariano Bertinat, oportunidad en la que representantes de la Unión Transitoria de Empresas Represas Patagonia, realizarían una serie de presentaciones sobre los estudios complementarios al Estudio de Impacto Ambiental inicialmente elaborado, y en base a las modificaciones solicitadas por el Gobierno Nacional al proyecto ejecutivo de la obra y a la que se habían inscripto cuarenta y cinco (45) oradores para expresar sus opiniones al respecto.

Que minutos antes del inicio, el Gobierno provincial fue notificado mediante un Oficio del Juzgado Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Jueza Macarena Marra Giménez, por el cual se ordenó la suspensión de la Audiencia Pública hasta tanto se implemente por parte del Estado Nacional el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública en el marco de la Ley Nº 23.879. Haciendo lugar a una cautela presentada por la FUNDACIÓN BANCO DE BOSQUES.
Que en dicho oficio la Juez comunica disponer la suspensión de la audiencia convocada por la Prov. de Santa Cruz -Ministerio de Salud y Ambiente- Secretaría de Estado de Ambiente para el diža 10 del corriente hasta tanto se implemente por parte del Estado Nacional el proceso de evaluaciožn de impacto ambiental y audiencia pužblica de la Ley 23.879, o hasta el dictado de la sentencia definitiva, lo que ocurra primero.
Que el Juzgado advierte que la Provincia de Santa Cruz, a travežs de la convocatoria de la audiencia en el marco de lo dispuesto en los arts. 8 inc. 3, 19 inc. 4 de la ley 2658 de Evaluaciožn de Impacto Ambiental “a fin de requerir su opiniožn en relaciožn a la obra “Aprovechamiento Hidroležctrico del Río Santa Cruz (Presidente Dr. Nežstor C Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic)”, no se compadece con las prescripciones de la normativa aplicable siendo que, el procedimiento a llevar a cabo para la realizaciožn del estudio de impacto ambiental y la audiencia pužblica resultarižan del resorte exclusivo del Estado Nacional”. Esgrime entre sus fundamentos que la audiencia pública debe ser realizada en el ámbito del Congreso de la Nación y advierte que será nula si no se realiza de manera previa a la obra (Ley 23.879).
Que sin entrar en disquisiciones acerca de la competencia del Juzgado Contencioso Administrativo (que nos remiten al fallo de Corte de diciembre pasado que desanda un camino en materia ambiental) y determina la legitimación pasiva del Estado Nacional en el proceso, ahondaremos en la Legislación de fondo.
Que la ley 23.879 sobre Obras Hidráulicas que data de 1990, establece que el estudio de impacto ambiental (EIA) será realizado por el Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable), remitirá ese estudio al Congreso de la Nación quien convocará a audiencia pública a los fines de su aprobación dentro de los 90 días. Esta Ley es previa tanto a la LGA como a la reforma constitucional incorpora la cláusula ambiental.
Que en el análisis en la Reforma Constitucional de 1994 atento a que a partir de la inclusión de la Cláusula Ambiental han quedado delimitadas las competencias en materia ambiental, deslinde clásico de un sistema federal en el que lo no delegado queda reservado a las provincias. La competencia ambiental a la órbita federal fue delegada solo en lo referido a presupuestos mínimos; en todo los demás las provincias conservaron atribuciones para complementar y extender el resguardo ambiental entre ellas los estudios de impacto ambiental;
Que si bien existen necesidades y problemas comunes a todo el país, cada provincia requiere protección y soluciones específicas propias. Por ello, dentro de cada jurisdicción local, las responsabilidades de las provincias son primarias y fundamentales para ampliar la protección y aplicar la normativa legal (Conf. Natale Alberto Convención Nacional Constituyente citado en Gelli Ma. Angélica Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada). En ese marco los Estudios de Impacto Ambiental son aprobados por las autoridades de aplicación locales de conformidad a la normativa provincial existente, con observancia de lo dispuesto en la Ley General del Ambiente 25.675 (LGA) que no fuera advertida en el Fallo de la Corte;
Que incluso, tal es el entendimiento del COFEMA por cuanto se está trabajando en una ley de Presupuestos Mínimos para Estudios de Impacto Ambiental, reconociéndose desde este órgano interjurisdiccional la competencia de las provincias para llevarlos a cabo y establecer mecanismos de participación ciudadana que los avalen. Estos presupuestos mínimos de protección que corresponde establecer a la autoridad federal requieren políticas de armonización y concertación con los entes locales a fin de evitar la neutralización de las acciones a emprender y no impedir –con superposiciones normativas y actuaciones administrativas en dos o tres jurisdicciones- el desarrollo humano.
Que estas situaciones provocan incertidumbre tanto en las inversiones como en las autoridades ambientales con la consiguiente inseguridad jurídica atento a que se suspenden los mecanismos de participación que avalen esos EIA sine die;
Que finalmente, cabe agregar lo establecido en la Constitución Nacional sobre reconocimiento a las provincias del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. El ámbito del territorio comprende tierra, mar, aire y subsuelo y el dominio sobre los recursos allí comprendidos corresponden a las provincias, lo que las habilita a percibir tributos sobre ellos y disponer la enajenación o aprovechamiento de aquellos por si mismas o en políticas concertadas con el gobierno federal;
Que en síntesis, tanto el art. 41 y el 124 deben ser interpretados armónicamente con la Ley General del Ambiente LGA, en tanto la realización de los estudios de impacto ambiental son competencia de la autoridad de aplicación en materia ambiental provincial, desde esta comisión se recomienda a la Asamblea emitir un claro pronunciamiento por medio de una resolución del cuerpo, en defensa de las competencias y autonomías provinciales que se vinculen a cuestiones como las debatidas dejando a salvo los derechos y garantías constitucionales antes descriptas, y el sistema de gobierno federal, evitando circunstancias de potencial gravedad institucional, que conllevan en si misma recortes a los mecanismos de participación ciudadana, y se alcen contra la libre determinación de los pueblos;

Por  ello,
EL CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE
RESUELVE:

Artículo 1º: Manifestar su rechazo al fallo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo, 84273/2016 respecto de la suspensión de la Audiencia Pública a realizarse en la Provincia de Santa Cruz en relación a la obra de aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz. Por entender que el mismo enerva la autonomía provincial, y  afrenta los mecanismos de participación ciudadana, materializando en si misma un caso de potencial gravedad institucional.

Artículo 2º: Regístrese, Comuníquese a la Comisión de Asuntos Legislativos Permanente del Consejo Federal de Medio Ambiente y archívese.